EL IMPACTO DE LA CORRUPCIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE

Resulta evidente que la corrupción tiene serias consecuencias tanto desde el punto de vista económico global, en la medida en que las cantidades afectadas son detraídas de sus fines legítimos, como sobre sectores de la economía en particular. Y el Medio Ambiente no es una excepción.

La gestión del Medio Ambiente abarca un elevado número de sectores donde diferentes actividades se encuentran sujetas a autorización, conformidad o licencia previa, siendo campo fértil para la corrupción.  El suministro de agua, la explotación de los recursos naturales y la gestión de los residuos peligrosos son solo algunos ejemplos de los sectores que son particularmente sensibles a la actividad de los corruptos.

La corrupción existe en todos los niveles. Desde la gran corrupción que es claramente visible en todos los medios de comunicación (autorizaciones de construcción, licencias de explotación de hidrocarburos, etc) hasta la corrupción diaria, de bajo nivel, que adopta multitud de formas.

La corrupción urbanística en particular, acarrea graves consecuencias  medioambientales en la medida en que supedita la preservación de hábitats naturales o de especies protegidas a los intereses espúreos de aquellos funcionarios que, en posible connivencia con las empresas constructoras, no dudan en re-calificar terrenos y espacios naturales en aras de un supuesto “desarrollo económico” generador de empleo y de beneficios para una reducida capa de nuestro espectro social y empresarial; pero en detrimento – casi siempre oculto al público - del equilibrio medioambiental, la sostenibilidad de especies y de recursos. Todo ello, a la vez que se produce una clara falta de desprotección del territorio, en beneficio de quienes tienen en su mano autorizar tales actividades.

Todas éstas manifestaciones demuestran ser ciertas a lo largo y ancho del planeta.

Si bien la Comisión Europea ha situado a España entre los países que más contribuyen a engordar la cifra de los 120 millones de euros anuales que cuesta la corrupción a la UE, Europa no es exclusiva.

La devastación de la Amazonia o el tráfico maderero de ciertas regiones de Asia se llevan la medalla de oro en una particular y corrupta competición por deforestar y atentar contra el equilibrio medioambiental y la biodiversidad de nuestro planeta. Hay estudios que señalan que el sureste asiático alberga un 7-8% de los bosques maduros del mundo, que se encuentran severamente afectados por el tráfico ilegal de madera. A menor masa forestal hay menos reposición de oxígeno y un consiguiente aumento de las emisiones de carbono.

La industria maderera es un buen ejemplo en el que la cadena de corrupción infecta a la totalidad del espectro comercial. Falsificación documental (certificando que un tronco es de una madera libre en lugar de otra restringida), connivencia de las empresas madereras, falsos permisos de transporte, corrupta policía de aduanas,  son solo algunos de los ejemplos de una posiblemente larga cadena de actividades espúreas.

En tal sentido, cabe destacar que la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción a España por el incumplimiento de la  normativa europea (Reglamento  nº 995/2010  del Parlamento Europeo y del Consejo llamado EUTR (European Union Timber Regulation) que obliga a las empresas que comercializan con madera y otros productos forestales en la Unión Europea a establecer un sistema de “diligencia debida”, un protocolo de evaluación que evite la importación de madera proveniente de empresas, regiones o países donde exista un riesgo considerable o elevado de que la madera que se adquiera tenga un origen ilegal por alguna de las razones previstas en la normativa, es decir, incumplimiento de las legislación forestal, corrupción, falta de transparencia, conflictos bélicos o transgresiones a los derechos humanos. Pero dse denuncia que existirían indicios de que seguiría entrando en el país madera ilegal.

El Gobierno Español habría recibido a la hora de redactar el presente informe la carta de emplazamiento que inicia los procedimientos de infracción. En cuyo caso, el Gobierno español tiene dos meses para responder con las observaciones que considere oportunas. Si la respuesta no fuese satisfactoria, Bruselas emitiría entonces un dictamen motivado (avis motivé) indicando las razones por las que considera que se sigue incumpliendo la normativa y volvería a dar dos meses de plazo al Gobierno. El siguiente paso ya sería el recurso ante el Tribunal de Justicia Europeo.

En el sector del agua, se estima que la corrupción podría aumentar en hasta en un 40% los costos de construcción de las infraestructuras de abastecimiento de agua. Por ello, se estima que cada año se necesitan en todo el mundo hasta 12.000 millones de dólares más para ofrecer agua potable y saneamiento. La corrupción en el sector del agua es una grave preocupación en muchos sentidos, sea como fuente de energía, agua potable o la dedicada al saneamiento o a la agricultura, lo que la convierte en una de las necesidades más básicas del ser humano, que está compuesto por agua en un 75% y que precisa de ella tanto como del aire para su subsistencia.

Los grandes proyectos de infraestructura de abastecimiento de agua como presas, canales, túneles, pozos y desagües son extremadamente lucrativos y, por tanto, muy codiciados. La energía hidroeléctrica, por ejemplo, que requiere grandes inversiones y complejísimas obras de ingeniería, es un sector que puede atraer a operadores sin escrúpulos y dar lugar a casos de corrupción en los procesos de contratación

Resultan evidentes casos de falta de un adecuado estudio de impacto ambiental en muchos proyectos que contaminan los cursos de agua a causa de vertidos que son tolerados o no sancionados en base a una extendida corruptela oficial.

Hay muchos ejemplos cuya exposición detallada excedería el ámbito de éste informe.[1]

En definitiva, la corrupción no solo perjudica al Medio Ambiente, sino que también tiene un alto coste social, en la medida en que el impacto sobre los recursos naturales afecta gravemente a las capas menos favorecidas del espectro social.

Los recursos y los beneficios de la corrupción se reparten entre quienes detentan el poder político o económico, produciendo, en consecuencia, un reparto (por llamarlo de alguna manera) injusto del acceso a recursos esenciales tales como el agua y un medio ambiente limpio por las clases más desfavorecidas.

En el plano internacional se han firmado importantes tratados para luchar contra la corrupción,  como (i) la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, (ii) la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional; y (iii) el Convenio sobre la lucha contra el Soborno de los Funcionarios Públicos Extranjeros en las Transacciones Comerciales Internacionales[2].

La aplicación de éstas convenciones deja mucho que desear y no parece que estén contribuyendo decisivamente a paliar el problema a nivel nacional.

En general, a nivel internacional (por ej, la Interpol) se considera delito contra el medio ambiente la explotación ilícita de fauna y flora silvestres en cualquier lugar del planeta; y delito de contaminación, el comercio y la eliminación de residuos o materiales  peligrosos en contravención de las leyes nacionales e internacionales.

Además de estos delitos actuales y conocidos, están surgiendo a la luaz del desarrollo del medio ambiente, nuevos tipos de actividades delictivas, como el comercio de derechos de emisión de carbono y los delitos relacionados con la gestión del agua.

Y dichas actividades comienzan a desarrollarse de manera generalizada e institucionalizada a nivel internacional pero también nacional (por ejemplo, la Cosa Nostra y la recogida de residuos en Italia), que está encontrando eco en otras redes de corrupción tales como aquellas extendidas a nivel de los organismos públicos controlados por, entre otros posibles supuestos, el mismo partido político.

De tal manera, ya en el año 2006, la ONG Transparencia Internacional en su informe de dicho año que: «el ámbito donde la corrupción es más elevada es el del nivel local de Gobierno, sobre todo "en la costa (...) o en las inmediaciones de las grandes ciudades"». La causa de este fenómeno, según Transparencia Internacional, había que buscarla en «la calificación del suelo urbano», lo que ha provocado que España sea el país de la OCDE «donde el precio de la vivienda ha subido más en los últimos años».

Es por tanto que consideramos prioritario focalizar actuaciones país por país, centrándonos en las instituciones públicas y  actividades oficiales más susceptibles a verse afectadas por éste desgraciado fenómeno a la luz de sus propias estructuras administrativas y políticas. En un país como España, la corrupción ha demostrado estar arraigada a todos los niveles: nacional, regional e incluso municipal. La lucha se muestra encarnizada.[3]

Se hace necesario aprobar controles reglados del ejercicio de los cargos públicos,  difundiendo adecuadamente aquellos criterios, principios y procedimientos que resulten aplicables. Las normas sobre contratación pública (que existen y ciertamente no son escuetas de leer) deben observarse de manera estricta, de manera de impedir la manipulación de los pliegos y otras condiciones de contratación.

El reciente caso de la adjudicación mediante concurso público de la Mina de Aznalcollar por la Junta de Andalucía (España) es un ejemplo claro del alto y sofisticado grado de manipulación a que se puede llegar en la búsqueda de finalidades ilícitas. En efecto, las autoridades policiales y judiciales que investigan el caso han detectado diversas irregularidades que afectaban tanto a los aspectos formales como sustanciales del Concurso a fin de beneficiar indebidamente a una de las dos empresas que competían por el proyecto.

Citando a diversos medios (El País, 2 de Julio 2015) “La policía considera que en el concurso para la mina de Aznalcóllar la Junta andaluza alteró los criterios establecidos en la Ley de Minas para difuminar su concreción y así poder aplicar la discrecionalidad y elegir un ganador predeterminado”

Los investigadores estiman, además, que los técnicos del concurso “emitieron valoraciones sesgadas para perjudicar a .........”; especialmente en los apartados económico y del presupuesto de investigación por cuadrícula minera. El proyecto de ............. ofrecía una inversión de ........ millones frente a los ........ millones de la alianza....................,, pese a lo cual la segunda ganó el concurso con 75,9 puntos sobre 73,6 de la oferta perdedora. La policía sostiene que a .........  le fueron sustraídos al menos 6,5 puntos de manera indebida.

El uso de volúmenes de agua ficticios y la propuesta (ilegal) de construir balsas de residuos tóxicos (prohibida por la ley) habrían sido objetivamente suficientes para descartar la oferta supuestamente ganadora, en el supuesto de que la deficiente e incompleta documentación presentada no se hubiese considerado lo suficientemente grave. Pero ocurrió todo lo contrario.

Habrá que esperar el resultado de las investigaciones judiciales para determinar las razones por las cuales diversos niveles de la Administración regional se vieron implicados en éste caso de gran trascendencia para la Comunidad Autónoma Andaluza.

En todo caso, ciertamente parece que nos hallamos ante un caso de prevaricación con algún tipo de reciprocidad económica por parte de la adjudicataria. Y los motivos pueden no ser necesariamente inmediatos, sino que los funcionarios involucrados buscan un “exilio dorado” para cuando pongan fin a su actividad pública siendo contratados posteriormente por las mismas empresas a las que han beneficiado durante su mandato público. Es lo que popularmente se conoce como “las puertas giratorias”. El sector eléctrico es uno de los más evidentes en España, pero existen muchos otros, hasta la gestión hospitalaria

En ocasiones se trata de mejorar los sistemas reglamentarios para promover controles recíprocos normalizados que permitan prevenir los abusos. En otras, se trata simplemente de permitir que jueces, fiscales y auditores tengan la independencia, capacidad (por ejemplo, exigir auditorías ambientales) y medios tanto para exigir el cumplimiento estricto de la ley como para la rendición pública de cuentas de los responsables políticos y de los funcionarios y cuerpos dotados de capacidad de decisión, de manera que permita el control y la transparencia del proceso por todas las partes implicadas.

Si se hacen públicos los criterios, las estructuras y los procedimientos aplicables a los contratos y los sistemas de adquisición de grandes proyectos de infraestructura se puede poder freno a la corrupción y acabar con la sensación de impunidad que parece prevalecer a pesar de los numerosos casos que se encuentran actualmente “sub judice”

Otra posición sensible dentro del proceso es la de los empresarios que se enfrentan a la corrupción institucionalizada, quienes comienzan a ver y considerar normales exigencias extra contractuales que se aplican con uniformidad tal que llevan a creer que para subsistir en el mercado hay que doblarse ante la ilicitud. (“Aquí si quieres trabajar hay que pagar”)

Resulta fácil conceptualizar el tema y afirmar que el sector privado debería evitar hacer negocios con empresas que cuentan con representantes o agentes poco éticos o corruptos y velando por que las licitaciones sean transparentes. Sin embargo, es “vox populi” que si te niegas a pagar (y, pero, si denuncias) en una región, dejas de hacer negocios en todas.....

Las empresas van - poco a poco - aprobando Códigos de Responsabilidad Social Corporativa que – en teoría – deberían contribuir a mejorar su imagen pública y adoptar una posición común frente a la corrupción.

Todo funcionario público sabedor de que está siendo escrutado en cada paso de su gestión e cuidaría mucho de revelarse como un posible corrupto, lo cual podría poner fin a su carrera política y/o administrativa.

Se nos presenta por delante una lucha encarnizada contra una lacra que amenaza seriamente la sostenibilidad medioambiental y el equilibrio de nuestros ecosistemas. 

No deberíamos dejar a nuestros hijos tan peligrosa herencia.

Madrid, Agosto de 2015